En un Congreso acostumbrado a discursos formales y expresiones protocolarias, la intervención de Dante Velazquez, intendente de La Quiaca, interrumpió con fuerza la inercia de la política tradicional. No fue una exposición más para cumplir con el expediente, sino un posicionamiento claro y frontal. “Estoy cansado de que los intendentes pongamos la cara y después no pase nada”, dijo, poniendo voz a un malestar que comparten muchos jefes comunales que deben gestionar necesidades crecientes con recursos cada vez más escasos.

Velazquez habló desde un territorio que conoce bien: el límite norte del país, una frontera donde la geopolítica no es teoría, sino vida cotidiana. Recordó que los municipios son la puerta de entrada del Estado, el primer lugar al que se recurre cuando hay un desaparecido, una emergencia climática, una crisis económica o una urgencia social. Sin embargo, destacó que son los últimos en recibir herramientas, presupuesto y reconocimiento institucional para poder actuar con verdadero alcance.

En su exposición señaló que existe una erosión constante del poder municipal. Según su planteo, la Nación concentra facultades, las provincias negocian detrás de puertas cerradas y los municipios quedan relegados a resolver lo inmediato, sin posibilidad de construir estrategias a largo plazo. Para Velazquez, discutir sobre coparticipación, IVA y recursos propios no es un debate técnico, sino una decisión que define si el interior profundo podrá desarrollarse o seguirá siendo solo una fuente de mano de obra barata. En ese marco, expresó con orgullo su identidad peronista, aunque dejó en claro que no está para aplaudir todo sin pensar. Manifestó su voluntad de acompañar una reforma tributaria justa, real, que no vuelva a dejar a las zonas de frontera con los restos del reparto fiscal. Su lealtad, subrayó, es primero con su pueblo.

Uno de los momentos más intensos de su intervención fue cuando vinculó la historia económica del país con el presente. Describió cómo, durante décadas, las provincias enviaban producción al puerto y luego recompraban lo elaborado a precios mucho más altos, mientras las comunidades de origen quedaban estancadas en la pobreza estructural. Advirtió que ese modelo puede repetirse si no se actúa a tiempo: negocios globales que usan la frontera como espacio de descarte, con contaminación, marginalidad y nula inversión pública. También visibilizó un fenómeno poco mencionado en ese ámbito: la “nueva pobreza juvenil”. Jóvenes que no acceden a educación superior, tecnología ni oportunidades laborales y a quienes, aun así, se les exige creer en un proyecto de país que no los incluye.

Asimismo, cuestionó que desde la reforma constitucional de 1994 no exista una nueva ley de coparticipación. Mientras se discuten parches sobre el IVA o fondos discrecionales, el esquema de fondo sigue intacto. Por eso, propuso que cualquier revisión fiscal contemple un incremento específico para municipios de frontera y regiones postergadas, donde las condiciones sociales, sanitarias, climáticas y logísticas son mucho más adversas que en las grandes ciudades.

El final de su discurso apeló a la memoria y a la dignidad. Recordó el Éxodo Jujeño y lo conectó con la lucha actual por autonomía y justicia fiscal. Sostuvo que, si aquellos pueblos fueron capaces de abandonar todo por la libertad, hoy el mínimo acto de gratitud es evitar que esas tierras sean tratadas como periferias internas. Citando el espíritu sanmartiniano, señaló que la historia debe escribirse desde los pobres, los pueblos originarios y quienes no deben volver a ser descartados.

En una Argentina marcada por la recesión, las deudas y la sensación de desilusión constante, Velazquez no se quedó en la crítica: planteó una salida. Habló de esperanza con fundamento: reglas claras, equidad fiscal y municipios con verdadera capacidad de decisión. Si el Congreso escucha y actúa, el debate sobre IVA y coparticipación puede ser un nuevo pacto federal. Si no, será un capítulo más en el archivo de oportunidades desperdiciadas.

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