En una conferencia de prensa realizada en el despacho municipal, donde la comisión barrial relató los hechos ocurridos en un terreno ubicado en Balcarce y Suipacha. De acuerdo con los vecinos, ese espacio fue declarado de uso público por la Ordenanza 37/2016 y ha sido utilizado desde entonces para actividades culturales y comunitarias como coplas, festivales, San Juan, Pachamama y la preparación de la canchita barrial. Los presentes sostuvieron que recientes intentos de cerramiento y ocupación privada vulnerarían la normativa vigente.
El presidente barrial, Raúl Monzón López, informó que se había acordado una instancia de mediación con Gustavo Farfán para la jornada de hoy, pero que el citado no se presentó ni a la reunión ni al predio. Recordó además que “el municipio reconoció la vigencia de la ordenanza limpiando y desmalezando el terreno” y exigió respetar “los tiempos judiciales, retirando personas y materiales del lugar hasta que exista fallo firme”.
La abogada Sara Mogro afirmó que Farfán “ya registra denuncias penales” y cuestionó la validez de la documentación que exhibiría como respaldo, señalando que “serían meros boletos privados con protocolización y no una escritura traslativa de dominio”. En la misma línea, el escribano Javier Calisaya informó que dejó constancia notarial de la inasistencia de Farfán a la mediación acordada. Otros vecinos, como Silvia Martínez, Gustavo Andrade y Magdalena Fernández, remarcaron que la defensa del predio tiene sentido patrimonial y colectivo: “No permitiremos que el poder económico y político avasalle nuestros derechos”.
Consultado por la prensa, el intendente Dante Velazquez pidió “bajar la tensión, sostener el diálogo y dejar que la Justicia lo decida”. El jefe comunal recordó que otros conflictos barriales se resolvieron mediante mesas de trabajo y solicitó a las partes cortar cualquier escalada verbal o física, priorizando la mediación institucional y el respeto al debido proceso. Subrayó que, más allá de la intervención municipal, “la definición jurídica del dominio compete al Poder Judicial”.
Entre las medidas inmediatas propuestas figuran: retiro de personal, camiones y materiales del predio mientras tramite la causa; compromiso bilateral de no innovar hasta la resolución judicial; constitución de una mesa de mediación con Municipìo, asesores legales y acta notarial; y seguimiento de las denuncias por amenazas y lesiones registradas en el último incidente, según testimonios presentados.
El expediente judicial definirá a quién corresponde el predio. Hasta tanto exista sentencia, los actores institucionales llaman a evitar acciones de hecho, a respetar las instancias procesales y a canalizar cualquier reclamo a través de la vía legal, preservando tanto la convivencia barrial como la legitimidad de las decisiones que adopte la Justicia.
